Ocho miembros de la directiva de Solidaridad del Taxi se niegan a declarar ante la juez

​Quienes sí han comparecido ante la magistrada en calidad de testigos, han sido el gerente de la sociedad municipal Tussam)en 2012, Manuel Torreglosa, y el director del aeropuerto de San Pablo, Jesús Caballero
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Taxisevilla


Los ocho miembros de la directiva de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi citados hoy como investigados en el marco de las diligencias incoadas por los presuntos ataques, coacciones y amenazas sufridos en la ciudad hispalense por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas se han acogido a su derecho constitucional a no declarar ante la juez de Sevilla que investiga el caso.


Fuentes del caso han informado a Europa Press de que los ocho taxistas, entre ellos el presidente de Solidaridad Hispalense del Taxi, Enrique Filgueras, y otros miembros del organigrama de dicha organización como Antonio Velarde o Francisco Ternero, han comparecido hoy ante la juez de Instrucción número ocho de Sevilla y se han acogido a su derecho a no declarar, ya que todavía falta por incorporar documentación al caso.


Quienes sí han comparecido ante la magistrada, aunque en calidad de testigos, han sido el gerente de la sociedad municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) en 2012, Manuel Torreglosa, y el director del aeropuerto de San Pablo, Jesús Caballero, quienes han asegurado "no tener conocimiento" de que se haya producido "ningún altercado" en el que hayan estado implicados los taxistas investigados.


Para hoy también estaban citados como testigos los exconcejales de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla Blas Ballesteros y Francisco Fernández, pero ninguno de ellos ha comparecido ante la instructora porque, en un caso, no ha recibido la citación, y en otro, le ha sido enviada a una vivienda antigua. Asimismo, la juez también había citado hoy como testigo al titular de una licencia de taxi que regenta el bar que Solidaridad tiene en un local del aeropuerto alquilado por Aena, aunque su comparecencia ha sido suspendida 'sine die' a fin de que la Fiscalía se pronuncie sobre si debe comparecer como testigo o como investigado.


En declaraciones a los periodistas antes de comparecer ante la juez, el presidente de Solidaridad Hispalense del Taxi, Enrique Filgueras, ha querido dejar claro que "jamás se nos ha imputado algo que no tenga relación con el ámbito puramente del taxi dentro de la ciudad de Sevilla", aludiendo así a los turismos VTC desplazados de Madrid a Sevilla para reforzar los servicios de la empresa Cabify con motivo de la Feria y que aparecieron calcinados en Castilblanco de los Arroyos.


LA CAUSA JUDICIAL


La causa judicial deriva de la investigación policial relativa a los citados y supuestos casos de acoso, violencia y amenazas de taxistas a conductores de VTC que trabajan en Sevilla para empresas de alquiler de coches con chófer como Cabify. Dicha investigación, promovida por la Brigada de Información de la Policía Nacional, suma un total de 32 taxistas investigados por presuntas coacciones y amenazas a otros taxistas y a conductores de VTC, especialmente por situaciones conectadas con los servicios relacionados con el aeropuerto hispalense.


Dentro de esta investigación, los agentes registraban el pasado mes de junio la sede de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, una de las dos principales organizaciones gremiales del sector del taxi de Sevilla, con fuerte presencia en el aeropuerto. La sede de la asociación, en ese sentido, está enclavada en las instalaciones del aeropuerto.


LAS ASOCIACIONES SE DESLIGAN DE LOS INCIDENTES


Las asociaciones del taxi, de su lado, se desligan de los altercados investigados y acusan a los conductores de VTC de incurrir constantemente en situaciones de "intrusismo" o competencia desleal, pues la regulación de los VTC es diferente a la de los taxis y les prohíbe captar clientes en la vía pública, por ejemplo. La Unión Nacional de Autoturismos (Unauto), que agrupa al sector de los VTC, ha llegado no obstante a exponer a la propia fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, la "insostenible situación de violencia" sufrida por los conductores que ejercen esta actividad en Sevilla, para empresas como Cabify. 


La situación, recordémoslo, tocó techo la madrugada del martes de la última edición de la Feria de Abril. Aquella noche resultaron incendiados nueve turismos VTC desplazados de Madrid a Sevilla para reforzar los servicios de la empresa Cabify con motivo de la Feria, en un alojamiento rural de Castilblanco de los Arroyos donde descansaban sus conductores.