Convocados los inquilinos de las VPO de Santiponce por la "alarma" derivada de la liquidación de Prosuvisa

El Ayuntamiento quiere aclarar "todas las dudas", Izquierda Unida no ve "inmediata" esta decisión, mientras que el Partido Andalucista pide una "solución viable"​
|


Ayto


El Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla), gobernado en minoría por la socialista Carolina Casanova con el apoyo de dos concejales no adscritos, ha convocado para mañana a los inquilinos que habitan las 58 viviendas en régimen de alquiler de la extinta sociedad municipal Prosuvisa, actualmente en liquidación, ante la "alarma social" despertada acerca del futuro de sus contratos de arrendamiento.


Se trata de dos promociones de viviendas protegidas en régimen de alquiler ubicadas en las calles Natalio Muñoz y Mercedes Ortega Farfán, que suman 58 inmuebles entre ambas. Para la construcción de tales viviendas protegidas, según ha rememorado a Europa Press el exalcalde de Santiponce José López (IU), la sociedad municipal Prosuvisa suscribió un préstamo de unos 1,5 millones de euros con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), al objeto de ir amortizando paulatinamente dicha deuda, en parte con los alquileres aportados por los inquilinos.


Pero allá por 2013, las dificultades económicas de Prosuvisa motivaron un concurso de acreedores declarado como "fortuito" en 2015 por el Juzgado de lo Mercantil número uno de Sevilla, toda vez que también ese año fue aprobado el plan de liquidación de la citada sociedad municipal, al objeto de sufragar en todo lo posible las deudas arrastradas por la misma. La situación a día de hoy, según el exalcalde, es que Prosuvisa aún tendría unos 800.000 euros pendientes de pago por el préstamo con el ICO, toda vez las rentas de alquiler pendientes de pago por parte de los inquilinos con la ya extinta sociedad municipal oscilarían los 350.000 euros.


A partir de ahí, unos abogados habrían convocado recientemente a los inquilinos de estas 58 VPO, bajo la premisa de que en el marco de la liquidación de Prosuvisa, un "fondo buitre" podría hacerse con la propiedad de las viviendas protegidas que habitan en régimen de alquiler. Dado el caso, el Ayuntamiento poncino ha convocado para el viernes a estos inquilinos, para informar sobre "el estado real de sus contratos" de alquiler y "aclarar" todas sus dudas sobre el régimen jurídico de los mismos, ante la "evidente alarma social" generada.


IU NO VE "INMEDIATA" LA SUBASTA


Al respecto, el exalcalde y portavoz municipal de IU ha manifestado que su formación ha entrado también en contacto con los inquilinos, para informarles de que según las gestiones de la coalición de izquierdas, "las viviendas no van a ser subastadas de manera inmediata", si bien IU sí propone que estas personas se agrupen en una cooperativa o entidad similar, para intentar adquirir las VPO una vez sean subastadas.

Por parte del Grupo Andalucista, Justo Delgado ha manifestado a Europa Press que se trata de un verdadero "problema social", considerando que dado que la quiebra de Prosuvisa es fruto de la "mala gestión" del Ayuntamiento, el mismo no puede "dar la espalda" ahora a los inquilinos y confiar simplemente en la "bondad" de la entidad que se haga con la titularidad de las viviendas.


Así, ha avisado de que si una empresa o fondo de inversión se hace con las viviendas, podría elevar los alquileres "a precio de mercado puro y duro" una vez expiren los plazos estipulados para el régimen de protección de estos inmuebles. Por eso, ha opinado que el Ayuntamiento debe "ponerse al frente" del asunto y al menos "organizar" a los inquilinos para lograr una "solución viable" al asunto.