La UPO no autoriza la cesión de espacio en su campus para el acto “Andalucía por el derecho a decidir”

​El rector Vicente Guzmán ha argumentado que “toda actividad que suponga un apoyo, promoción o justificación de la celebración del referéndum se convierte en un evento ilegal"
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El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán Fluja, se ha dirigido a la comunidad universitaria para comunicar la decisión tomada de no ceder ningún espacio del campus de la UPO para la actividad programada para el próximo martes 26 de septiembre bajo el título “Andalucía por el derecho a decidir”. En su comunicado, el rector informa que a pesar de que los organizadores de este debate comunicaron su realización en el Paraninfo de la UPO y aunque “en principio no debería haber habido ningún obstáculo a la realización de dicha actividad al ser la Universidad un espacio abierto de debate y crítica que debe acoger cualquier actividad siempre que sea respetuosa con el ordenamiento jurídico vigente, (…) en este caso concreto y tras analizar detenidamente la petición efectuada, este Rectorado ha resuelto no ceder el Paraninfo ni ningún otro espacio o instalación de nuestra universidad”.


Finalmente, el rector informa que, como responsable público debe cumplir con la obligación legal de poner en conocimiento de las autoridades la previsión de realización de la actividad y la decisión tomada por la universidad. En su escrito, Vicente Guzmán ha relacionado las razones que justifican esta resolución:


Hasta ahora no ha habido decisión alguna sobre la cesión de espacios de la universidad para la celebración de esta actividad. Hubo una petición verbal de reserva de espacio, concretada en el Paraninfo de nuestra Universidad, que se realizó el pasado miércoles 20 de septiembre para la celebración de una actividad denominada “Andalucía por el derecho a decidir”. La funcionaria responsable hizo la reserva a la espera de que se produjera la correspondiente autorización del Vicerrectorado competente, autorización que debe acompañar a la petición.


Llegado a conocimiento de este Rectorado la petición de reserva antedicha,se ha procedido a analizarla a la vista del contexto político, temporal y, sobre todo, jurídico y en la obligación que tengo de preservar y proteger a nuestra universidad de cualesquiera situaciones que puedan comprometerla, perjudicarla o lesionarla en cualquier grado.


Durante los dos días pasados, ha sido pública y notoria la existencia de esta actividad, de su contenido y de los participantes en ella. Todos los elementos apuntan a la conclusión de que estamos ante un acto que, bajo la genérica invocación del “derecho a decidir”, tiene la finalidad, total o parcial, directa o indirecta, de apoyar, reivindicar, promocionar y/o justificar la celebración del llamado referéndum para la independencia de Cataluña cuya convocatoria está prevista para el próximo 1 de octubre. Como puede colegirse sin dificultad, se trata de un acto similar a otros que bajo esa genérica invocación del debate sobre el derecho a decidir, se han venido celebrando o intentando celebrar en distintos puntos de España y que, allí donde han tenido lugar, han servido a la finalidad antes descrita como puede comprobarse a través de los medios de comunicación y de las palabras de los propios organizadores y sus intervinientes.


También es público y notorio que tanto la convocatoria como el propio referéndum de independencia de Cataluña del día 1 de octubre han sido declarados fuera de la ley, ilegales y contrarios a la Constitución por los tribunales de justicia y por el propio Tribunal Constitucional. Por ello, todo acto que siquiera indirectamente suponga un apoyo, reivindicación, promoción o justificación de la celebración del citado referéndum se convierte en un acto de apoyo a una actividad ilegal.


La Universidad Pablo de Olavide es una institución pública que debe respetar escrupulosamente el Estado de Derecho, la Constitución, la legalidad vigente y las resoluciones judiciales emanadas de esa legalidad. Por ello, no puede albergar en su campus ninguna actividad que se vincule y justifique actos declarados ilegales por los tribunales, más cuando de hacerlo se derivarían para ella y, por ende, para nuestra comunidad universitaria, consecuencias perjudiciales y lesivas.