Cabify lamenta las "restricciones" a los VTC y no ve "sentido" a la ratio de una licencia por cada 30 de taxis

El director de la empresa asegura que la demanda de servicios en Sevilla multiplica "por diez" la capacidad de la empresa
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El director general de Cabify en España, Mariano Silveyra, ha denunciado hoy el "poco apoyo" que recibe esta empresa por parte de las administraciones públicas, y ha asegurado que "ninguna de las propuestas políticas están poniendo al usuario en el centro". Durante la presentación del balance tras un año de actividad en Sevilla, Silveyra ha lamentado que todas las alternativas de las distintas administraciones "hablan de cómo restringir, controlar e inspeccionar", mientras no se está permitiendo al usuario que elija cómo moverse por las ciudades.


"Se intenta buscar convivencia pero genera el efecto contrario", ha declarado, y ha añadido que se está poniendo freno a la innovación en España. Unos avances que serán cubiertos por "empresas de fuera" si se siguen poniendo trabas y defendiendo a un monopolio que no funciona, en referencia al sector del taxi, sobre el que ha asegurado que "seguirá existiendo" en un "mercado muy grande".


Según el director de la compañía, se ha producido un "ruido desmesurado" en relación a la controversia con los taxistas este año, aunque ha confesado que debido a los problemas de licencias, "no hemos crecido todo lo que nos hubiese gustado", ya que la demanda de los usuarios está desproporcionada a la oferta.


En ese sentido, ha anunciado que en este momento hay alrededor de mil licencias a la espera de ser aprobadas en los juzgados, a la vez que ha denunciado que el ratio actual de una licencia por cada treinta taxis, "no tiene sentido ahora" debido a los avances y facilidades tecnológicos.

Silveyra se ha mostrado satisfecho con las investigaciones a taxistas por la quema de vehículos del año pasado, ya que demuestra que "no haya impunidad", por lo que ha celebrado la actuación de la policía y la Guardia Civil sobre el conflicto.


Sin embargo, ha criticado las presiones que los propios taxistas ejercen sobre administraciones como los ayuntamientos, con huelgas y protestas, que dificultan que los distintos consistorios puedan dialogar con Cabify para encontrar "un equilibrio que favorezca al usuario"