Sanz destaca que las sustracciones agrarias han descendido en la provincia un 51 por ciento en cuatro años

​El delegado del Gobierno anuncia que ha puesto en marcha en julio una ‘Guía Conduce’ para prevenir la comercialización de productos procedentes de robos
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El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado que las sustracciones en el medio rural andaluz han descendido un 44 por ciento desde el año 2013, coincidiendo con el despliegue de los equipos ROCA de la Guardia Civil en las ocho provincias, mientras que en la provincia de Sevilla el descenso en el mismo periodo ha sido del 51,7 por ciento. Sanz, que ha participado en las XXXV jornadas de aceitunas de mesa que organiza Asaja-Sevilla, ha querido poner en valor los avances en materia de seguridad y prevención de robos en el medio rural que el Gobierno de España y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están realizando, teniendo como “máxima prioridad” que los agricultores andaluces “puedan desarrollar su trabajo con las mayores garantías posibles”.



El delegado ha destacado igualmente el crecimiento que experimenta el sector agrícola andaluz que, “gracias a su capacidad de modernización y formación permanente, ha conseguido ser un referente en Andalucía y Europa por su competitividad”, de ahí el “especial empeño del Gobierno por hacer de un espacio tan abierto y desprotegido como el campo, un lugar seguro para trabajar”. “El Gobierno de España lleva años desarrollando medidas encaminadas a evitar estos robos”, ha dicho Sanz, que ha recordado que ya en 2011 se puso en marcha un plan de choque que consiguió frenar la tendencia al alza registrada entonces y que, posteriormente, en octubre de 2013 se fortaleció la labor de los equipos ROCA de la Guardia Civil, “que realizan un trabajo de una alta efectividad”.



Así, ha explicado que el despliegue de estos equipos supuso “un punto de inflexión en la lucha contra las sustracciones en explotaciones agrarias o ganadera” como demuestra el hecho de que este tipo de robos hayan caído casi un 44 por ciento en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo de 2013, coincidiendo con la revitalización del ‘Plan ROCA’, mientras que en Sevilla han descendió un 51,7 por ciento. Según ha subrayado el delegado, los especialistas de los equipos Roca, desde su creación y llegada a Andalucía --donde operan 25 equipos integrados por 97 agentes y colaboran 74 refuerzos de seguridad ciudadana--, han trabajado con el objetivo de convertirse en una referencia para la gente del campo en materia de seguridad, manteniendo casi 3.636 reuniones con los colectivos interesados, cursando en torno a 4.325 denuncias, deteniendo a más de 2.740 sospechosos e investigando a más de 2.732.



Además, estos agentes altamente especializados cuentan con el apoyo del Seprona y con el uso de sus motocicletas, ya que es el medio idóneo para controlar los caminos de acceso a muchas fincas donde se producen los robos. Entre las actuaciones complementarias que realizan estos equipos está el control de la venta de material robado, la vigilancia de mercadillos, ventas ambulantes y almacenes y la colaboración de la Guardia Civil en los controles de carretera. Además, trabajan en medidas contra el robo de cobre, un delito muy ligado al de los robos en el campo, prestando especial atención a los compradores y se han establecido mapas de cultivos y sistemas de geolocalización de las fincas, poniendo las nuevas tecnologías al servicio de la seguridad de los agricultores, lo que acorta el tiempo de reacción y agiliza las investigaciones.



En cuanto a medidas de prevención, desde la Delegación del Gobierno en Andalucía se ha impulsado una instrucción sobre ‘Ordenación de Circulación, Recepción y Venta de productos en las campañas agrarias’ con la que, atendiendo a las necesidades del sector, intenta “prevenir y combatir la comercialización y distribución de productos procedentes de robos en el campo, protegiendo con ello la propiedad y los derechos de los agricultores”.



Sanz ha explicado que esta iniciativa, recogida en la Guía Conduce que contiene obligaciones y recomendaciones sobre las condiciones en que se debe desarrollar el transporte y la comercialización de los productos agrarios, de acuerdo con la normativa estatal y autonómica, es fruto de “la preocupación del Gobierno de España por la seguridad de los agricultores” y se enmarca en un conjunto más amplio de medidas articuladas por el Ejecutivo con el fin de combatir las sustracciones en el medio rural.


'GUÍA CONDUCE'


El objetivo de la instrucción, publicada por la Delegación del Gobierno dentro de sus competencias en materia de seguridad ciudadana y orden público es, según consta en el propio documento “proteger los derechos de los agricultores sobre sus frutos” y “evitar que los productos agrarios sobrantes en el suelo después de la recogida de la cosecha --en los casos en que por su escasa cuantía no sea recolectada-- queden desprovistos de utilidad social". En concreto, el delegado ha dado luz verde a un documento oficial que incluye “indicaciones y recomendaciones que contribuirán a que vendedores, transportistas y compradores de los productos agrarios tengan constancia fiable sobre la procedencia de los mismos”, lo que irá acompañado de un incremento de la vigilancia por parte de las FCSE en los puntos de compraventa.


Así, la instrucción recomienda que los conductores y transportistas “lleven autorización expresa para el transporte de la mercancía, expedida por la asociación o cooperativa correspondientes”, y que el receptor de la misma “solicite al transportista un documento que acredite su legítima procedencia”. Junto a ello, se prevé que cada Subdelegación del Gobierno disponga los oportunos servicios de vigilancia y control para impedir situaciones de aprovechamiento ilícitas, hurtos o robos de los productos agrarios.


En este sentido, Sanz ha explicado que con esta instrucción se refuerza el control y se faculta a las FCSE para actuar en caso de no portar dicha tarjeta como elemento indiciario, “pero nunca para sancionar o detener directamente, ya que no existe el citado marco legal que debe establecer la Junta de Andalucía, competente en esta materia”, por lo que ha reclamado a la Comunidad Autónoma que “avance en el camino legislativo para dotar a los agentes de una mayor capacidad de actuación”.