El Ayuntamiento de Camas estudia rescindir el contrato a la empresa adjudicataria de la ayuda a domicilio

Lo estudia debido a sus "reiterados incumplimientos en materia social, económica e incluso de medios para trabajar"
|


Camas 1

El Ayuntamiento de Camas, gobernado por Rafael Recio (PSOE), ha encomendado a su servicio jurídico que estudie la posibilidad de rescindir el contrato gracias al cual la empresa Asisttel se encarga de la prestación del servicio local de ayuda a domicilio, dados sus "reiterados incumplimientos en materia social, económica e incluso de medios para trabajar".


Según el Ayuntamiento de Camas, en este servicio que ya en el pasado ha sufrido conflictos de esta naturaleza, las trabajadoras "denuncian los injustificados atrasos en el cobro de nóminas, las dificultades que encuentran para hacer uso de sus derechos laborales y además el que en ocasiones no se les proporcione equipos homologados".


El primer edil reconoce que el Ayuntamiento adeuda actualmente a Asisttel las partidas económicas correspondientes a la facturación de los meses de junio y julio, aunque precisa que se trata de una incidencia "imputable" a la propia empresa, que hasta el pasado 7 de agosto no ha "subsanado los defectos advertidos" en las facturas remitidas.


El Ayuntamiento señala al respecto que teniendo en cuenta que sólo han transcurrido 16 días desde la recepción de las facturas, y con lo establecido en la Ley 15/2010, que se establece medidas de lucha contra la morosidad, "no se está incumpliendo obligaciones, por lo que en ningún caso puede utilizarse este argumento para justificar la falta de pago" a la plantilla.


Ante esta situación, el alcalde expone que Asisttel "no puede mantenerse por más tiempo en la prestación de este servicio público". "No sólo estaría de por medio la vulneración de derechos del trabajador, sino también el menoscabo en el servicio, ya que pese a la gran profesionalidad de las trabajadoras, sin dudas, la presión de no cobrar dignamente su salario, o no tener los medios adecuados, repercuten en la ciudadanía", razona Rafael Recio. Avisando de que el asunto suma ya "muchos episodios acumulados", el alcalde ve motivos para "ahondar en las posibilidades que ofrece la Ley de Contratos del Sector Público, para no permitir estos hechos".