El Colegio de Procuradores tacha de "injusto, abusivo y desproporcionado" el Impuesto de Sucesiones

​Se ha sumado a las demandas de la Asociación STOP Impuesto Sucesiones para su supresión
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El Colegio de Procuradores de Sevilla ha manifestado, durante la última reunión de su junta directiva, que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones de Andalucía "fomenta la desigualdad entre españoles, generando discriminación y situaciones de flagrante injusticia, es abusivo y desproporcionado" y, como consecuencia, se ha sumado a las demandas de la Asociación STOP Impuesto Sucesiones para su supresión.


Isabel Escartín, decana del Colegio de Procuradores de Sevilla; Ana López, secretaria del Decanato, y Manuel Jesús Campos, el censor, han asegurado en una nota, durante el último encuentro de la junta directiva, que "es necesario y urgente la derogación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía".


El Colegio de Procuradores ha advertido en su comunicado que trasladará su petición "al Consejo Andaluz para su inclusión como punto del orden del día del próximo pleno, solicitando la adhesión a esta demanda de supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones".


Por su parte, el presidente de la Asociación STOP Impuesto Sucesiones, Juan Carlos Valverde, ha agradecido el apoyo del Colegio de Procuradores de Sevilla y ha recordado que "este impuesto se ceba con los trabajadores y ahorradores, no con las grandes fortunas que disponen de resortes para solventar su pago".


Ha comentado a su vez que "los andaluces estamos padeciendo un trato, a todas luces, discriminatorio con respecto a comunidades autónomas como Madrid, donde se paga 100 veces menos que en Andalucía o Canarias, donde la cuantía a abonar es 1.000 veces inferior a la que tenemos que desembolsar nosotros".


La asociación STOP Impuesto Sucesiones ha considerado que "la diferencia fiscal entre territorios infringe el principio constitucional de igualdad, entendido como un derecho fundamental de todos los españoles". En este sentido, ha concluido que "genera también un enorme agravio comparativo a los ciudadanos que residen y trabajan en Andalucía. Además de provocar en los afectados graves situaciones de riesgo, tanto económicas como psicológicas".