Las Marchas por la Dignidad califican de "violento y desmedido" el incidente con los trabajadores de TUSSAM

​Denuncia que la actuación fue una estrategia represiva que busca "acallar" las protestas sociales y "criminalizar" a los colectivos que luchan por sus derechos
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MARCHADIGNIDAD

La Coordinadora Provincial de Sevilla de las Marchas de la Dignidad ha emitido un comunicado manifiestando su repulsa por el desalojo "violento y desmedido" por parte de la Policía Local de una representación del colectivo en lucha de trabajadores de LIPASAM y de los concejales de los grupos municipales Izquierda Unida y Participa Sevilla durante el pasado 7 de junio en el Ayuntamiento de Sevilla.


La Coordinadora califica de  "desproporcionada e injustificable" la actuación policial que se produjo siguiendo órdenes del Delegado de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Cabrera Valera, por lo que "apoyamos la reclamación de dimisión" de este Delegado municipal.


A las Marchas les parece "muy grave" el trato recibido por el colectivo de trabajadores en lucha de una empresa municipal y por los concejales que fueron " agredidos" y expulsados del Ayuntamiento. "Son hechos reprobables en su totalidad y que vulneran derechos democráticos básicos" continúa denunciando.


"Se ha echado a patadas de la Casa Consistorial" a concejales, representantes elegidos democráticamente por el pueblo de Sevilla, y a trabajadores que reivindicaban pacíficamente sus derechos" y "sólo pretendían reunirse con grupos municipales de la oposición" según el comunicado.


Además, la Coordinadora Provincial se dirije al alcalde para decirle que el suceso "no puede quedar impune" y que por ello si él y el PSOE " pretenden pasar página como si no hubiera ocurrido nada, se equivocan".


"El desalojo del 7 de junio no solo supuso un atropello inadmisible a la labor institucional que realizan representantes políticos, sino una vuelta de tuerca más de una estrategia represiva que busca acallar las protestas sociales y criminalizar a los colectivos que reivindican sus derechos. Fue, por tanto, un ataque a la democracia" continúa.


La movilización es una acción fundamental para defender los derechos laborales y sociales y el Ayuntamiento debe ser un espacio abierto en este sentido. Por todo lo ocurrido, la dimisión del Delegado de Seguridad Ciudadana y el requerimiento de responsabilidades de los mandos policiales que dirigieron la acción del desalojo son exigencias mínimas en un Ayuntamiento democrático "finaliza el comunicado de denuncia".