Participa acusa de prevaricación y delito contra los derechos cívicos a Juan Carlos Cabrera

​Susana Serrano y Julián Moreno además, le acusan de haber cercenado los derechos a ejercer sus labores de oposición política
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Unnamed 210

Al juzgado de instrucción número 13, han elevado Susana Serrano, Julián Moreno y Sofía González, coordinadora del grupo municipal de Participa Sevilla, una denuncia contra el delegado de Seguridad y los agentes de policía local que efectuaron el desalojo del día 7 de junio. Aquel día, tras una protesta pacífica en el interior del Ayuntamiento por parte de ex trabajadores de Lipasam, concejales de Participa Sevilla e IU pretendían reunirse con este colectivo en sus dependencias municipales. Entonces, un cordón policial lo evitó y, tras la orden del delegado de Seguridad Juan Carlos Cabrera, fueron todos expulsados violentamente del Ayuntamiento.



Desde ese mismo día, el delegado de Seguridad no debería haber seguido en el Gobierno de Sevilla. Una imagen histórica, concejales expulsados a empujones y patadas por querer reunirse con unos ex trabajadores municipales. ¿En qué tipo de democracia vivimos?”, se ha preguntado Julián Moreno, en la comparecencia de prensa en la que se ha hecho pública la denuncia que se ha interpuesto en el juzgado de Instrucción número 15. Junto a Moreno, estaban presentes Susana Serrano y Sofía González, que también fueron expulsadas violentamente ese día del Ayuntamiento, además de Luis de los Santos, abogado del grupo municipal.



Según se puede leer en la denuncia que Participa Sevilla ha interpuesto, se acusa de: de un elito de prevaricación del artículo 404 del código penal, respecto de D. Juan Carlos Cabrera en cuanto a la resolución que adoptó; de otro contra los derechos cívicos de las personas del artículo 542 del código penal, respecto de D. Juan Carlos Cabrera y los agentes de policía local sin identificar que ejecutaron dichas órdenes; dos más de atentado a la autoridad del artículo 55 del Código Penal respecto a los agentes de la policía municipal que golpearon y vejaron a los concejales allí presentes; y, por último, otros dos de leves de lesiones del artículo 147.2 del código penal respecto de los agentes de la policía municipal que golpearon y vejaron a los concejales y técnicos allí presentes.


Además, en la denuncia que Participa Sevilla ha dado a conocer considera que los hechos supusieron “una obstaculización clara, y en definitiva, el impedimento del ejercicio de los derechos políticos de participación en la vida pública”, por lo que considera que se vulnera el artículo 23 de la Constitución española, que garantiza el ejercicio del cargo público. Por la vulneración de este derecho fundamental ya fue condenado el Gobierno de Espadas al vetar la presentación de enmiendas de Participa Sevilla en el pleno de presupuestos de 2016. “Una sentencia, que, además, hoy hemos conocido que el Ayuntamiento de Sevilla no cumplido. Estamos ante un Gobierno que no asume las sentencias judiciales y se limita a dejar pasar el tiempo”, según Moreno.



En este sentido en la denuncia también se reconoce que esta situación “supone una grave afectación de los límites sustanciales impuestos jurídicamente a los poderes públicos, como garantía de los derechos fundamentales, en un Estado constitucional y democrático de Derecho, donde tan relevante es el principio de gobierno de las mayorías como el respeto de los derechos de las minorías”.


Moreno ha insistido en que el desalojo del pasado día 7 de junio fue “un auténtico atentado democrático”. Entonces, se expulsó violentamente a ex trabajadores municipales del Ayuntamiento y se arrolló a cuatro concejales de la oposición que simplemente pretendían mantener una reunión con ellos”. Además, ha recordado que tan solo unos días antes también eran expulsados por la fuerza otros trabajadores encerrados en el Ayuntamiento, aunque meses antes se permitió un encierro, por lo que también ha calificado estos desalojos de “caprichosos”.



Para concluir, Moreno ha recordado que en el pleno municipal de hoy pedirá el cese del delegado de Seguridad, además de apostar por la creación de una comisión de todos los grupos municipales que diseñe un protocolo de actuación de la Policía Local en la propia Casa Consistorial.