El ministro de Justicia preside la entrega de condecoraciones de San Raimundo de Peñafort

Los condecorados son Antonio Reinoso, Francisco Cano, Antonio López, Josefa Esquivel, José Joaquín Pérez-Beneyto y María del Carmen Pérez
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha entregado esta tarde, en el patio central de la Delegación del Gobierno en Andalucía, diversas condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort a profesionales de la Justicia, durnte un acto en el que ha estado acompañado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y al que también han asistido el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Gil-Toresano, y numerosos representantes del estamento judicial.

Los condecorados en esta ocasión han sido Antonio Reinoso, que fue presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA); Francisco Cano, gerente territorial del Ministerio de Justicia en Andalucía; Antonio López, presidente de la Asociación de Peritos Judiciales de Andalucía; Josefa Esquivel, del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA; José Joaquín Pérez-Beneyto, magistrado de la Sala de lo Social del TSJA y María del Carmen Pérez, magistrada de la Sala de lo Social del TSJA.

Condecorados

Como Juez de Primera Instancia e Instrucción, Antonio Reinoso ha ocupado destinos en La Bañeza (León); Cistierna y Sahagún (León) y Ayamonte (Huelva) y como magistrado del Trabajo, en Huelva, Ourense, Vigo y Pontevedra. En 1999 es nombrado magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Sevilla, de la que pasa a ser presidente en 2006. También en ese año es nombrado representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental y Ceuta y, desde 2007, miembro de la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del TSJA.

Es miembro de la Asociación Española de Ciencias Administrativas, la Asociación Internacional de Derecho Penal y graduado social emérito del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta.

Fruto de su intensa trayectoria profesional, constan en su currículo numerosas condecoraciones y distinciones, como la Cruz Distinguida de 2ª Clase de San Raimundo de Peñafort (1979), la Cruz Distinguida de 1ª Clase de San Raimundo de Peñafort (2005), la medalla de oro del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Huelva; colegiado de honor, en su categoría de oro, del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla; y premio al Mérito Social de la Justicia del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.

José Joaquín Pérez-Beneyto, magistrado de la Sala de lo Social del TSJA es, desde 2005, magistrado especialista en el orden jurisdiccional social. Comenzó a ejercer como juez de Primera Instancia e Instrucción en Plasencia (Cáceres) y, como magistrado, en Barcelona y Jerez de la Frontera, entre otros destinos.

Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros y muchas de sus sentencias han sido incluidas en revistas laborales especializadas y bases de datos de reconocido prestigio. Es profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla e investigador activo del grupo ‘Coordinación comunitaria de seguridad social y asistencia social’.

María del Carmen Pérez Sibón es, desde 2003, magistrada especialista de la Sala de lo Social del TSJA, con sede en Sevilla. Con anterioridad, desde 1996, ya fue magistrada especialista de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y juez de Primera Instancia e Instrucción en Arcos de la Frontera y Chiclana de la Frontera, entre otros destinos.

Cuenta, también, con una amplia experiencia como docente y es miembro de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea del Consejo General del Poder Judicial.

María del Carmen Pérez ha publicado numerosos libros sobre derecho laboral y seguridad social y artículos en revistas académicas, imparte conferencias y ha participado en mesas redondas y cursos especializados.

Francisco Cano es gerente territorial del Ministerio de Justicia en Andalucía desde 2005. Funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2003, ha trabajado también como apoyo al secretario general de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Licenciado de Derecho, cuenta con una amplia experiencia en dirección y gerencia pública y gestión económico - financiera. Además, ha sido miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma del Registro Civil.

Por su parte, Antonio López Vázquez pertenece al cuerpo de la Guardia Civil desde 1976. Diplomado superior en Criminología por la Universidad de Barcelona, desde 1979 desempeñó funciones de policía judicial y desde 1993, con su pase a la reserva, ejerce como perito y tasador judicial. Además, es presidente de la Asociación de Peritos Tasadores Judiciales de Andalucía.

También es diplomado superior en Gemología por el Instituto Gemológico Español, experto tasador en joyas por el Instituto Gemológico Español y experto universitario en Tasación y Valoración de Daños por la Universidad de Sevilla.

Josefa Esquivel es funcionaria de carrera del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia desde 1990 y a lo largo de su trayectoria ha realizado funciones como auxiliar en numerosos juzgados de instrucción: Utrera, número 3 de Sevilla, número 14 de Sevilla, número 12 de Sevilla, número 16 de Sevilla; así como en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA.



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Historia de San Raimundo de Peñafort

En 1944, con Eduardo Aunós como ministro de Justicia, se publica en el Boletín Oficial del Estado, de 7 de febrero de 1944, el Decreto de 23 de enero de ese mismo año (festividad de San Raimundo de Peñafort, patrono de los juristas), por el que se crea la Cruz de San Raimundo de Peñafort para premiar el mérito a la Justicia y recompensar hechos distinguidos o servicios relevantes, de carácter civil, en el campo del Derecho, poniéndola bajo la advocación del que fuera eximio español y príncipe de los canonistas, San Raimundo de Peñafort.

Las Cruces se otorgan para premiar los servicios prestados y la contribución al desarrollo y perfeccionamiento del Derecho y la Jurisprudencia. Las Medallas premian los años de servicio prestados en las profesiones jurídicas y administrativas dentro de la jurisdicción del Ministerio de Justicia.