Emerita acusa a la Junta de "sabotear" el caso Aznalcóllar y pide imputar a la actual directora de Minas

La empresa considera que se está produciendo "un goteo de patentes y descaradas infracciones legales"
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La empresa Emerita Resources España ha criticado que la Junta de Andalucía quiera “sabotear” la investigación por las presuntas irregularidades en la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar (Sevilla) y ha solicitado a la juez que cite como investigada a la actual directora general de Industria, Energía y Minas.

En un escrito Emerita pide a la juez que impute tanto a la actual directora de Minas, Natalia González Hereza, como a la persona que ocupaba el cargo en julio de 2015, María José Asensio, actual viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio, por delitos contra la Administración de Justicia, prevaricación, desobediencia, tráfico de influencias y encubrimiento. Asimismo, la empresa reclama a la juez Patricia Fernández Franco que amplíe la investigación, tanto en las personas como en los delitos investigados, incluyendo los delitos de desobediencia y contra la Administración de Justicia, “cometidos posteriormente al acto de adjudicación”, a los que deben unirse los de encubrimiento, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal.


Emerita realiza todas estas peticiones después de que la Junta haya elevado un escrito al Juzgado en el que responde a la solicitud de la juez para que remitiera “la resolución o, en su defecto, acto administrativo por el que se aprueba el proyecto de investigación que ampare los trabajos que se estén llevando a cabo actualmente en la mina” e informase sobre si “da por válida o no” la aceptación de la adjudicación del concurso por Minera Los Frailes.

En el escrito, la directora de Minas aporta una resolución por la que se adjudica a Minorbis-Grupo México “la preferencia en las actividades de explotación en las cuadrículas mineras comprendidas en la zona de Aznalcóllar” y asegura que “ha dado plena validez a la aceptación de la adjudicación por parte de Minera Los Frailes”.


Asimismo, la actual directora de Minas pone de manifiesto que la cuestión planteada, como es el acto concreto que legitima la actuación material en la mina por parte de Minera Los Frailes, “es una cuestión ajena y que no guarda relación con el procedimiento penal que nos ocupa, tal y como pone de manifiesto la mercantil Emerita a través de la interposición de un recurso contencioso-administrativo como un nuevo frente judicial”.



TRAMA


A ello se suma que, seguidamente, “se dedica a negar, punto por punto, todo lo que esta misma Dirección General indicó a su señoría con anterioridad, modificando arbitraria y gratuitamente su propio y previo criterio para poder salvar la cara, ante la evidencia de que las infracciones legales en todo este asunto no se agotan con la adjudicación, sino que siguen produciéndose con idéntico fin, y para enmascarar las anteriores”.


En este punto, Emerita recuerda que la Dirección General de Minas aportó un escrito con fecha de salida de 7 de julio de 2015 en el que adjuntaba un informe donde, en respuesta, a un requerimiento del Juzgado para que expusiese el criterio de la Administración acerca de la aceptación de la adjudicación del concurso, “afirmaban que tal decisión aún no se había tomado, y sólo la tomaría la Administración cuando se solicitara el permiso correspondiente”.

“Sin embargo, en el nuevo escrito de 12 de abril, la misma Dirección General de industria, Energía y Minas contradice absolutamente su propio criterio expuesto anteriormente”, asevera Emerita, que considera “delirante” que la misma Administración “cambie su criterio arbitrariamente de forma tan descarada”.


A juicio de Emerita, “nos encontramos ante una trama orientada a entregar una mina a unas determinadas personas, para lo cual se amañó presuntamente un concurso y después se siguió actuando para maniobrar ante los procedimientos judiciales en curso para obstaculizarlos, conseguir la impunidad de los implicados, y siempre persiguiendo el fin

previsto inicialmente”, como es “la adjudicación de unos derechos mineros a quien ya se había decidido antes del concurso, a garantizar esa entrega y a buscar la impunidad de quienes estuvieron implicados”.



Por ello, “no se agotan los hechos constitutivo de las infracciones penales con la mera resolución de la adjudicación del concurso, sino que vemos que se siguen produciendo”, afirma Emerita, que critica asimismo que “ni la propia Dirección General de Minas tiene la más remota idea, al menos de forma oficial, de quién es Minera los Frailes”, por lo que “la situación resulta tan delirante que no podemos menos que entenderlo como una burla fruto de la sensación de impunidad de la Administración”.


En conclusión, Emerita considera que “no existe ninguna resolución por la que se apruebe un permiso de investigación, exploración o explotación de los recursos mineros sacados a licitación, y por lo tanto cualquier trabajo que se esté llevando a cabo en los recursos mineros se está realizando en infracción de Ley, con conocimiento y aquiescencia de la Dirección General de Minas, que acaba de cambiar su anterior criterio expreso para tratar de ocultarlo”.


“Tras las primeras ilegalidades severas, se han visto obligados a continuar con otras sucesivas para poder salvar la cara y conseguir el objetivo buscado, aún de forma tan burda”, dice Emerita, que considera que las versiones ofrecidas por la Junta “forman parte de un todo, una actitud dirigida a sabotear esta instrucción”.


Fuente: Agencias