La CHG sanciona a Aljarafesa con unos 6.000 euros por unos vertidos de la EDAR de Villamanrique y Pilas

​El expediente sancionador, de este modo, viene motivado por los vertidos de aguas residuales, procedentes de la depuradora que recoge las aguas de dichas localidades
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La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha acordado sancionar a la empresa mancomunada del Aljarafe (Aljarafesa) con una multa de 6.058 euros por unos vertidos de aguas residuales procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) que recoge las aguas de las localidades sevillanas de Villamanrique de la Condesa y Pilas que superan los límites impuestos en la autorización de vertido.


Confederacion hidrografica guadalquivir


Así se establece en una resolución de expediente emitida por la Comisaría de Aguas de la CHG, al hilo de una denuncia que Ecologistas en Acción presentó a finales de octubre del año 2016 ante el Organismo de Cuenca y la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por "una serie de vertidos incontrolados" que estaban llegando a la EDAR Guadiamar II -Villamanrique de la Condesa y Pilas-, y "cuya consecuencia directa era la proliferación de espumas posiblemente contaminantes", según relata la organización ecologista en un comunicado difundido este viernes.


Desde Ecologistas explican que, a los pocos días de la denuncia, la guardería fluvial tomó muestras con las que, tras su análisis, se comprobó que el agua residual "superaba -para los parámetros 'DQO' y 'DBO5'- los valores límite de emisión impuestos en el condicionado de la autorización de vertido que tiene otorgada la empresa". Como consecuencia del resultado analítico, esta agua residual contaminante "tiene capacidad de afección a la calidad de las aguas receptoras", según Ecologistas en Acción, que detalla que el resultado analítico motivó la apertura de expediente sancionador contra la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., como gestora de la EDAR Guadiamar II, y se otorgó un periodo de alegaciones donde el director-gerente de la citada sociedad argumentó que la superación de concentraciones era "mínimo y absolutamente puntual".


La CHG, en cambio, ha considerado probados los hechos que, además, entiende que son constitutivos de infracción leve del Texto Refundido de la Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, haciendo responsable a Aljarafesa. El expediente sancionador, de este modo, viene motivado por los vertidos de aguas residuales, procedentes de la depuradora que recoge las aguas de las localidades de Villamanrique de la Condesa y Pilas, incumpliendo la autorización de vertido que tiene otorgada al superar los límites de emisión impuestos para los parámetros 'DQO' y 'DBO5', y porque el vertido contaminante tiene capacidad de afección a las aguas. Por tales hechos, desde la CHG se propone sancionar a Aljarafesa con una multa de 6.058 euros, que será efectiva cuando la resolución sea firme en vía administrativa, así como la obligación de indemnizar los daños al dominio público hidráulico en la cifra de 618 euros. 


VALORACIÓN ECOLOGISTA


Ecologistas en Acción, además de "congratularse" por esta multa, advierte que "los vertidos puntuales se siguen produciendo". En esa línea, desde la organización apuntan que, aunque según las últimas muestras analíticas correspondientes al año 2017, la depuradora tiene un tratamiento adecuado, "no es menos cierto que la empresa está obligada a corregir de forma inmediata estos episodios de contaminación que afectan a los arroyos del entorno de Doñana".


Así, desde Ecologistas exigen "que se acabe con las actuaciones ilegales y los vertidos de aguas contaminadas de origen industrial a la red general de saneamiento, ya que la depuradora no está preparada para hacer frente a estos vertidos que pueden llegar a inutilizar el sistema biológico de depuración". "Es urgente que las administraciones estatal y autonómica pongan en marcha los mecanismos necesarios para determinar la procedencia de los vertido industriales mediante los marcadores específicos que permiten conocer dónde ha sido realizado, aplicar la normativa, sancionar y poner fin a todo tipo de vertidos que terminan dañando los ecosistemas de Doñana y la imagen internacional de este espacio protegido y su comarca", concluye Ecologistas en Acción.